Iveth Gutiérrez Ramírez
Las elecciones del 2 de septiembre de 2007 que se realizaron en Veracruz para renovar el Congreso local y los 212 Ayuntamientos fueron, en su momento, las más competidas en la historia de la entidad, ya que fueron la antesala de la gubernatura para el 2010, que de acuerdo a la tendencias se disputarían principalmente el PRI, PAN y la alianza PRD-PT-Convergencia.
Las constantes ejecuciones entre bandas de narcotraficantes (Los Zetas y Gente Nueva) cuyos cadáveres aparecieron embolsados y descabezados, las intimidaciones, presiones y amenazas de muerte contra aspirantes, como el secuestro y golpiza del ex Rector de la UV, Rafael Hernández Villalpando, precandidato del PAN a la alcaldía de Jalapa y el riesgo de que entrara “dinero sucio” proveniente del narcotráfico a las campañas, pusieron en riesgo aquel proceso electoral.
En lo que fue calificada como la elección más cara registrada hasta entonces (con un gasto de casi 500 millones de pesos) y controvertida de todas las elecciones locales ---pues 22 diputados locales “tiraron” la curul para contender por una alcaldía, a fin de seguir en el presupuesto o seguir con el fuero-- se estrenó el nuevo Código Electoral donde se establecía fortalecer la fiscalización a los partidos políticos, reglamentar las encuestas y disminuyen los tiempos de campañas, además de que los partidos tienen que presentar un informe de precampañas, así como los recursos utilizados durante y después de campaña por cada candidato y partido.
El exagerado derroche de dinero, que contrasta con la pobreza en que viven miles de veracruzanos, fue altamente criticado después de que Carolina Viveros García, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Veracruz confirmara que solicitó una ampliación presupuestal de 186 millones de pesos a la Legislatura local, para poder cumplir con las tareas que establecía la nueva legislación electoral; a lo que el secretario ejecutivo y ex presidente del miso órgano, Francisco Monfort Guillén, adelantó y aseguró que no habría dinero sucio en el proceso, el presupuesto había sido aprobado por el Congreso local.
De acuerdo al IEV participaron 4 mil 660 personas, se instalaron 9 mil 208 casillas en las que intervinieron unos 55 mil funcionarios, se instalaron 45 oficinas regionales, 30 consejos distritales, 212 consejos municipales y se contó con 180 supervisores y mil 840 capacitadores electorales. A cada representante de casilla se le otorgó un “incentivo” 200 pesos por cada integrante.
El proceso se llevó a cabo, teniendo como árbitro el Instituto Electoral Veracruzano totalmente partidizado, estrenando código electoral con errores garrafales, y una vergonzosa derrama de recursos oficiales con fines electorales, que recibió el repudio ciudadano y de organismos independientes; provocando un crecimiento en la falta de credibilidad en los partidos políticos y en el mismo órgano arbitrario que a sido identificado con una fábrica de ricos, lleno de funcionarios sin experiencia recomendados por autoridades estatales y las cúpulas del PRI y el PAN locales.
En aquellas elecciones la confrontación tuvo lugar ptotagónico, permitiendo que la “guerra sucia” se desarrollara de manera activa, utilizando todo lo que estuviera a su alcance, desde recursos oficiales, la estructura y programas sociales del gobierno federal, estatal y municipal, hasta la creación de fundaciones “constituidas al valor”, con millonarios recursos económicos que no son fiscalizables y de dudosa procedencia.
Las constantes ejecuciones entre bandas de narcotraficantes (Los Zetas y Gente Nueva) cuyos cadáveres aparecieron embolsados y descabezados, las intimidaciones, presiones y amenazas de muerte contra aspirantes, como el secuestro y golpiza del ex Rector de la UV, Rafael Hernández Villalpando, precandidato del PAN a la alcaldía de Jalapa y el riesgo de que entrara “dinero sucio” proveniente del narcotráfico a las campañas, pusieron en riesgo aquel proceso electoral.
En lo que fue calificada como la elección más cara registrada hasta entonces (con un gasto de casi 500 millones de pesos) y controvertida de todas las elecciones locales ---pues 22 diputados locales “tiraron” la curul para contender por una alcaldía, a fin de seguir en el presupuesto o seguir con el fuero-- se estrenó el nuevo Código Electoral donde se establecía fortalecer la fiscalización a los partidos políticos, reglamentar las encuestas y disminuyen los tiempos de campañas, además de que los partidos tienen que presentar un informe de precampañas, así como los recursos utilizados durante y después de campaña por cada candidato y partido.
El exagerado derroche de dinero, que contrasta con la pobreza en que viven miles de veracruzanos, fue altamente criticado después de que Carolina Viveros García, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Veracruz confirmara que solicitó una ampliación presupuestal de 186 millones de pesos a la Legislatura local, para poder cumplir con las tareas que establecía la nueva legislación electoral; a lo que el secretario ejecutivo y ex presidente del miso órgano, Francisco Monfort Guillén, adelantó y aseguró que no habría dinero sucio en el proceso, el presupuesto había sido aprobado por el Congreso local.
De acuerdo al IEV participaron 4 mil 660 personas, se instalaron 9 mil 208 casillas en las que intervinieron unos 55 mil funcionarios, se instalaron 45 oficinas regionales, 30 consejos distritales, 212 consejos municipales y se contó con 180 supervisores y mil 840 capacitadores electorales. A cada representante de casilla se le otorgó un “incentivo” 200 pesos por cada integrante.
El proceso se llevó a cabo, teniendo como árbitro el Instituto Electoral Veracruzano totalmente partidizado, estrenando código electoral con errores garrafales, y una vergonzosa derrama de recursos oficiales con fines electorales, que recibió el repudio ciudadano y de organismos independientes; provocando un crecimiento en la falta de credibilidad en los partidos políticos y en el mismo órgano arbitrario que a sido identificado con una fábrica de ricos, lleno de funcionarios sin experiencia recomendados por autoridades estatales y las cúpulas del PRI y el PAN locales.
En aquellas elecciones la confrontación tuvo lugar ptotagónico, permitiendo que la “guerra sucia” se desarrollara de manera activa, utilizando todo lo que estuviera a su alcance, desde recursos oficiales, la estructura y programas sociales del gobierno federal, estatal y municipal, hasta la creación de fundaciones “constituidas al valor”, con millonarios recursos económicos que no son fiscalizables y de dudosa procedencia.
Ahora, las tendencias se perfilan cada vez más, se habla de un mayor desarrollo de los veracruzanos y, a menos que haya un excelente trabajo de encubrimiento, no ha habido más ataques, amenazas ni enfrentamientos; lo que perfila un gran terreno para la próximas elecciones. Lo malo, es que no podemos negar que el presupuesto sigue siendo el más alto entre todos los estados que celebrarán elecciones, y su instituto electoral no ha dado pie a una mayor confianza, permitiendo el inicio de la guerra sucia entre los candidatos ya establecidos.
Y como siempre, aún faltan meses para saber con exactitud qué pasará en esta historia.
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