El reporte sobre migración presentado este año por Amnistía Internacional lleva el título de Víctimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México.
Los capítulos presentan investigación en torno a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, las denuncias en relación al uso excesivo de fuerza por parte de los controles militares, los procesos de repatriación y protección a migrantes y la cuestión de los marcos jurídicos en esta materia.
Quisiera detenerme, parar el tema, en el capítulo cuatro donde existe el apartado: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Dentro de este apartado se habla sobre el papel de la CNDH en México, ya que es la principal institución que recibe denuncias de migrantes y la violación a sus derechos.
Las principales recomendaciones que ha hecho la CNDH al Instituto Nacional de Migración van enfocadas a la protección a migrantes de bandas delictivas. Se han mandado lo informes al Gobierno Federal porque el problema es de Estado. Además se pide mejorar y/o renovar a los agentes no estatales que trabajan en la “protección de migrantes”.
La crítica que realiza AI a la CNDH es la lentitud de sus investigaciones y el poco impacto que tienen en la sociedad. Continúan comentarios sobre la urgencia que el Estado debe tener sobre el tema y la profesionalización de los gobiernos estatales para prevenir y orientas el paso de migrantes centroamericanos. Es necesario re-fortalecer los decretos que protejan los derechos de mujeres y niños que llegan de Centroamérica.
El problema, culmina AI, no radica sólo en proteger los derechos humanos de los migrantes que pasan, sino en los que se quedan a trabajar.
“En 2009, el gobierno mexicano accedió a poner en práctica las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ‘adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares, en particular garantizando su acceso a la justicia [...] y a recursos judiciales efectivos ante una autoridad competente para la protección de sus derechos [...], y para enjuiciar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de malos tratos y delitos cometidos contra esas personas’ ”.
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