Sobre reelección de legisladores y reforma política: un futuro incierto

Todo parece indicar que las reformas políticas emprendidas por Felipe Calderón llegarán a feliz término el próximo mes. Con las respectivas aportaciones, claro, de las distintas bancadas en el congreso. Independientemente de las variaciones que han sufrido sus diez propuestas de reforma, lo más seguro es que en el 2012 la reelección de legisladores será una realidad.
De las voces a favor y en contra sobre este asunto se hablará en lo que sigue.
No es la primera ocasión, por cierto, en la que se presenta esta iniciativa de reelección. El 24 de noviembre de 1998 se expuso ante los senadores, y ante la Cámara de Diputados el 29 de octubre, esta “necesidad”. En ese momento se presentaron tres propuestas de reforma al artículo 59, en el cual se estipula que “Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”, que permitirían la reelección inmediata, limitada, de los legisladores.
En el 2002 se presentaron cuatro propuestas para su discusión y “análisis”. Una de ellas emanó del entonces diputado federal panista, ahora presidente de México, Felipe Calderón. Un año después serían algunas fracciones del PAN, PRD y PRI en el senado las que alentarían una iniciativa de reforma constitucional que permitiera la reelección de legisladores.
Estos son los antecedentes de una discusión que parece llegar a su fin este año. Discusión que presenta como principales puntos a favor, además de acercar a la comunidad a sus representantes en el Congreso, el fortalecimiento del poder legislativo, la profesionalización de los legisladores, la legitimidad de los ciudadanos para exigir cuentas y además se supone que el Legislativo no se encontrará sujeto a las interrupciones que trae consigo el fin de cada legislatura. Estos puntos apoyan la tesis de que el presidencialismo llegará a su fin completamente y, por si poco fuera, la reelección significa mayor carga de responsabilidad moral en el actuar y desempeño de los legisladores.
Como es de esperarse aún existen escépticos ante las posibilidades democráticas que promueve el presidente y sus partidarios. Para todos los beneficios antes expuestos existe, según este otro extremo, una refutación pertinente.
En primer lugar se afirma que en la actualidad el equilibrio de poderes es una realidad. Otrora el presidencialismo era innegable; ahora, el Congreso de la Unión, sin mayoría de un partido político, se encuentra impregnado de negociaciones y debates. Incluso se dice que “el verdadero poder político, donde se toman las decisiones importantes del país, donde se decide el rumbo del país, ya no es en Los Pinos, es en el congreso de la Unión” (Luis H. Vázquez). De tal manera el actual Presidente sabe que el fortalecimiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es de vital importancia ¿tendrá que ver con este punto, el incesante interés por la posibilidad de reelegir legisladores?
En este momento el presidencialismo que implementó el PRI por muchos años en el país no es algo palpable. Pero de regresar este partido político al poder, ¿se implementará de nuevo? Cómo saberlo, las condiciones no serán las mismas. De cualquier modo, repito, el presidencialismo ya no encuentra espacio en nuestro sistema político.
En cuanto a la profesionalización se refiere, ya se ha dicho con anterioridad que en todo caso el haber sido Diputado Local es el primer avance en la formación de los legisladores. En todo el congreso se cuenta con legisladores con una trayectoria política considerable en los Congresos Estatales. Muy pocos llegan a diputados o senadores sin ningún tipo de experiencia legislativa. En todo caso ¿por qué los partidos correspondientes no brindan ese nivel de profesionalización a sus legisladores? Como ciudadano se espera que el representante sea un profesional en todos los sentidos al llegar al congreso.
En otro punto se habla sobre el compromiso de los legisladores para son sus representados y electores. En este sentido cabe preguntarse si la modificación al artículo 59 supone directamente la toma de consciencia por parte del legislador. Y digo consciencia porque no existe ningún mecanismo que realmente ponga a prueba ciudadana el desempeño de sus representantes. No existe ninguna ley que obligue a los legisladores a rendir cuentas.
Además de todos estos tópico suponen algunos que la reelección legislativa dará paso a la reelección presidencial. Si se acepta que la sociedad puede “premiar o castigar” a sus representantes reeligiéndolos o no, lo mismo se puede aplicar con el representante de toda la república, tomando en cuenta, claro, que nuestro sistema electoral no cuenta como la mejor de las referencias, sobre todo desde 2006.
Dentro de los medios informativos a nivel nacional han emergido declaraciones de quienes están en contra y a favor de dicha reforma. Entre las primeras se destaca un concepto muy repetido, la modernidad. Se ha dicho que son las naciones de primer mundo las que practican la reelección de legisladores, sin tomar en cuenta desde luego el nivel de vida de los ciudadanos de primer mundo, su nivel de educación y su participación política, ni mucho menos su desarrollo histórico político. El que se practique en los países de primer mundo no quiere decir que obtendrá los mismos resultados en una nación como la nuestra.
Todo esto en el plano de lo que “se ha dicho”. En los hechos se cuenta con muy pocos elementos que doten de claridad al panorama que nos espera de aceptarse o no la reelección de legisladores. Todas son suposiciones de lo que puede y no puede pasar, con argumentos que son débiles desde ambos puntos de vista, precisamente porque no se ha llevado a cabo un estudio político y sociológico serio que nos indique bien a bien en qué lugar estamos parados. Una de las opiniones más llamativas afirma que de salir mal este proyecto de reforma, lo único que se logrará será fortalecer los cotos de poder por medio de alianzas, si la reelección puede implicar mayor interés por parte de los legisladores para cumplir con sus representados, también puede despertar la ambición de permanecer “otro poquito” en el poder, cuestión que puede llevarlo a realizar alianzas desfavorables para la democracia, favorables a sus objetivos personales. Desde esta visión, lo que se busca, dicen los quizá demasiado desconfiados, es disminuir el poder ciudadano.
¿A quién conviene realmente permitir la reelección legislativa en México? ¿las acciones de “nuestro” presidente invitan a pensar que los objetivos que persiguen sus reformas son positivos para la democracia y la sociedad civil? Si buscan acrecentar las posibilidades democráticas ¿de qué democracia se habla, de una autónoma y soberana o del discurso mundial implantado por la administración estadounidense?
Si, de darse el caso, las reformas políticas, entre ellas la reelección de legisladores, igual que las reformas laborales presentadas más recientemente, terminan por disminuir la participación y el poder democrático de los ciudadana ¿estas medidas obedecen a una política de pequeños pasos dictada por esferas de poder extraoficiales? ¿Se trata de medidas que buscan efectivamente la disminución de estos poderes, como se dio en el caso de Colombia en los 90, para llevar a México a una situación bastante similar?
Ya se ha llevado a cabo, más palpablemente desde la firma del TLC, el debilitamiento de nuestro sector agrícola como sucedió en el sur del continente, Colombia. Ya se ha puesto en marcha también el debilitamiento general de la economía mediante préstamos impagables de organizaciones financieras internacionales, ya se ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga (si se revisa la información de los medios nacionales de información encontramos que, según informes del Estado norteamericano, más exactamente la “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas”, los cárteles mexicanos han desplazado a los colombianos, coronándolos como la principal preocupación para EU), ya se ha sacado a los militares para controlar zonas del país, ya se han golpeado sindicatos y ya se ha implementado un plan llamado Mérida, como se estableció alguna titulado Plan Colombia. Lo que faltaría sería debilitar aún más al poder ciudadano y en general las posibilidades económicas de la ciudadanía.
Todo esto a partir del supuesto antes mencionado, que la reelección de legisladores y de las reformas políticas en general, den como resultado un debilitamiento del poder ciudadano y aumenten los cotos de poder dentro del congreso, viciándolo aún más.