Aristegui y la defensa del derecho

En semanas recientes un caso internacional ha trascendido en los medios mexicanos y de toda Latinoamérica. La acusación contra el juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación, dictar una sentencia o resolución a sabiendas de ser falsa, en el caso de la persecución contra los crímenes del franquismo.

Las investigaciones contra los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura española (1939-1975), junto con la búsqueda de los restos de las víctimas conforman la parte más gruesa del caso. La acusación de prevaricación va dirigida desde una sección del Tribunal Supremo, que bien se sabe está controlado por facciones reaccionarias de los juristas españoles.

En el programa de Aristegui de la cadena CNN se hicieron algunas observaciones al caso mediante la participación de dos juristas, el primero español y el segundo argentino. Carlos Villán Durán, jurista español especialista en derechos humanos, planteó que el problema de la persecución a los crímenes de la dictadura tiene un vicio de origen: la Ley de Punto Final o Ley de Amnistía.

La susodicha Ley prevenía hasta cierto punto la persecución eficiente de los criminales de la guerra, pero ésta se creó con la intensión de poder sacar a muchos españoles de las cárceles de la dictadura. Ya que al perdonar los crímenes cuyas imputaciones fueran referentes a la época de la dictadura se les podía liberar, la mayoría prisioneros políticos. Finalmente la ley ayudaría para la conformación de la democracia en España.

Por el otro lado, el especialista argentino, Carlos Slepoy afirmaba que lo terrible de la situación no sólo el juicio contra Garzón; es el retroceso a uno de los sistemas judiciales más respetados del mundo. El apoyo que el juez había prestado en casos de otras dictaduras como la argentina era símbolo de cariño internacional.

Lo irónico del asunto es que ahora el sistema judicial argentino es el que tendrá la posibilidad de ayudar con los casos truncos que dejó el Tribunal Supremo. La tragedia que representa no sólo la acusación sino la petición y el decreto del juicio oral, para ambos juristas esto simplemente representa un consentimiento a la impunidad. Al final Villán Durán cerró con una frase “La democracia no se defiende con la desmemoria”, creo que lo explica todo.