A tres días de la desaparición de uno de los políticos más importantes en la escena nacional nada se sabe de su paradero. El día de hoy el diario Reforma publica en primera plana bajo el titular “Ofrece negociar familia de Diego” se exponen los avances en la investigación del caso por parte de las autoridades.
Hasta esta fecha, se dice, las autoridades llegaron a la conclusión de que se dirigirán dos líneas de investigación. Una “relacionada con un secuestro por motivos económicos, y otra vinculada a una supuesta venganza derivada de algún litigio desarrollado por el abogado y político panista”.
Las fuerzas militares así como los elementos de seguridad pública que mantenían posiciones a la entrada de la finca La Cabaña, se retiraron permaneciendo sólo dos patrullas de la Policía Estatal, con la tarea de alejar a los curiosos. Esto con el fin de abrir la posibilidad a una negociación.
Pero hasta el momento ningún grupo delictivo o grupo armado revolucionario se ha comunicado para establecer algún tipo de trato. Resulta curiosa esta última parte, pues a un costado de la primera nota aparece una referencia al EPR, en ella se puede leer “se deslinda el EPR”. En un comunicado lanzado por la organización guerrillera se afirma “no sabemos si la desaparición es por motivos políticos, por sus pugnas interpartidarias o por la descomposición social de este régimen neoliberal”.
Esto último me recuerda la situación que atravesó el Estado colombiano cuando el secuestro por parte de la guerrilla de diversas cabecillas políticas como forma de presión se convirtió en un marco de acción muy socorrido.
Por lo pronto el EPR se ha deslindado. ¿Hacia dónde nos lleva, pues, el caso Diego sino a la más absoluta e insondable incertidumbre?
Hasta esta fecha, se dice, las autoridades llegaron a la conclusión de que se dirigirán dos líneas de investigación. Una “relacionada con un secuestro por motivos económicos, y otra vinculada a una supuesta venganza derivada de algún litigio desarrollado por el abogado y político panista”.
Las fuerzas militares así como los elementos de seguridad pública que mantenían posiciones a la entrada de la finca La Cabaña, se retiraron permaneciendo sólo dos patrullas de la Policía Estatal, con la tarea de alejar a los curiosos. Esto con el fin de abrir la posibilidad a una negociación.
Pero hasta el momento ningún grupo delictivo o grupo armado revolucionario se ha comunicado para establecer algún tipo de trato. Resulta curiosa esta última parte, pues a un costado de la primera nota aparece una referencia al EPR, en ella se puede leer “se deslinda el EPR”. En un comunicado lanzado por la organización guerrillera se afirma “no sabemos si la desaparición es por motivos políticos, por sus pugnas interpartidarias o por la descomposición social de este régimen neoliberal”.
Esto último me recuerda la situación que atravesó el Estado colombiano cuando el secuestro por parte de la guerrilla de diversas cabecillas políticas como forma de presión se convirtió en un marco de acción muy socorrido.
Por lo pronto el EPR se ha deslindado. ¿Hacia dónde nos lleva, pues, el caso Diego sino a la más absoluta e insondable incertidumbre?
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